FACUA cree que el acuerdo deja "vacías de contenido" las protestas del sector

Sevilla, 25 mar (EFE).- FACUA-Consumidores en Acción ha señalado este viernes que tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los transportistas quedan "vacías de contenido" las protestas del sector salvo que el objetivo de las mismas sea "atacar" al Ejecutivo y no defender los intereses de estos trabajadores.

En rueda de prensa, el portavoz de esta asociación, Rubén Sánchez, se ha referido al acuerdo alcanzado la pasada madrugada, del que ha dicho que "atiende a las reivindicaciones" planteadas por el colectivo de trabajadores del transporte tanto en lo relativo a la bajada del precio del combustible como las subvenciones.

Por otra parte, se ha referido también a las medidas que se están negociando en el Consejo Europeo en materia de electricidad, y ha apuntado que FACUA-Consumidores en Acción propone que el Gobierno de España fije precios máximos para las gasolinas, un tope de 50 euros al megavatio hora (MWh) de electricidad en el mercado mayorista.

También la aplicación de un impuesto especial a las grandes compañías petroleras y energéticas, unas medidas "perfectamente compatibles" con las propuestas lanzadas desde la Comisión Europea en materia energética, según Sánchez, quien ha lamentado la imagen de un Gobierno "plegado a los intereses de los oligopolios".

"El Gobierno puede poner tope a las ofertas porque Bruselas no lo impide", ha recalcado Rubén Sánchez, quien ha añadido que la intervención estatal en los precios de la energía y los carburantes de automoción "es esencial para frenar el daño irreparable" que están causando estas empresas a los consumidores.

Ha exigido al Gobierno que además de intervenir en sus precios, aplique una subida de impuestos a sectores que están inflando "sus milmillonarios beneficios" para sufragar las citadas medidas.

En opinión del portavoz de FACUA, mientras se reúnen esta semana con los máximos responsables de las grandes energéticas y petroleras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta Teresa Ribera siguen sin escuchar a organizaciones de consumidores representativas.