Madrid, 24 mar (EFE).- La directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, ha elogiado que la futura ley del "solo sí se sí" sitúe el consentimiento en el centro de la tipificación de los delitos sexuales, pero ha avisado a los diputados de que si no penalizan el proxenetismo estarán poniendo límites al consentimiento de muchas mujeres.

Soleto ha comparecido este jueves en la Comisión de Igualdad del Congreso, que ha citado a varios expertos para analizar el proyecto de ley de garantía de la libertad sexual, y ha abordado dos de sus puntos más polémicos: la exigencia de consentimiento expreso para una relación sexual, que si no será una agresión; y la persecución del proxenetismo no coactivo (no violento) y de quien se lucre con el alquiler de locales para ejercer la prostitución (la tercería locativa).

Según ha explicado, en estos momentos la gravedad del delito se mide en buena manera por el comportamiento de la víctima y se exige que ésta se resista con fuerza para dictar una condena por agresión sexual.

Mientras, los varones son "irresponsables respecto a la obtención del consentimiento" y "basta con que digan 'yo creí que...' o 'yo pensaba que...' para que se extienda una duda sobre la prestación del consentimiento", ha lamentado.

Respecto a la prostitución, esta experta se ha puesto del lado de los abolicionistas, pero ha querido dejar claro que los dos artículos del proyecto que penalizan el proxenetismo y la tercería locativa lo único que hacen es proteger el bien jurídico del consentimiento.

"Seguir permitiendo el enriquecimiento de terceros a partir de la prostitución ajena es limitar el consentimiento" de muchas mujeres, que se convierten en objetos de un mercado sexual.

Tras Soleto ha comparecido el catedrático de Derecho Penal y magistrado Carlos Pérez del Valle, quien ha cuestionado que el proyecto borre la distinción entre abuso sexual y agresión y ha advertido a los diputados de que al unificar ambos tipos se acaba rebajando la pena máxima y determinados abusos pueden recibir un castigo muy elevado.

Ha reconocido sin embargo la necesidad de cubrir una laguna del Código Penal que puso en evidencia la primera sentencia de La Manada, y es que hay víctimas que no pueden prestar consentimiento por estar privadas de sentido o haber ingerido alguna sustancia.

En opinión de este jurista, que ha admitido que no tenía una solución mágica para afrontar este tipo de delitos, regular el consentimiento como una acto positivo no resuelve todos los problemas.

A su juicio, si se invierte la carga de la prueba y el acusado tiene que demostrar en el juicio el consentimiento, no solo se verá afectada la presunción de inocencia, sino que puede llegar a anularse el principio "in dubio pro reo": "Cuando tengo dudas tengo que absolver; aquí sería cuando tengo dudas tengo que condenar".